Considerando que los procesos de liberalización económica en las Américas, y en particular en el Cono Sur y la región Andina, buscan consolidar la hegemonía de los países desarrollados, a través de la creación de áreas de libre comercio, como son los acuerdos que la Unión Europea ha establecido con Chile y México, y que intenta establecer con el MERCOSUR, así como de la creación del ALCA, a través de las negociaciones regionales, y de los TLC que Estados Unidos está suscribiendo con diversos países del continente
Considerando que en el caso de las relaciones con la Unión Europea, pese a que los acuerdos marco integran dimensiones políticas y sociales, como es la cooperación, el diálogo político y las cláusulas democráticas y sociales, los aspectos mercantiles han sido los predominantes.
Considerando que en nuestros países, la presencia económica, comercial y financiera de los países europeos y de Estados Unidos ha avanzado en el último año con la firma y proyección de nuevos Tratados de Libre Comercio.
Considerando la inclusión en las negociaciones comerciales de incorporar a los servicios públicos en un área de negocios internacionales; los anuncios de nuevas desregulaciones para educación, salud, empleo y seguridad social de hombres y mujeres; la explotación no sustentable del medio ambiente y los recursos naturales - en particular minería, pesca, agricultura y bosques - son utilizados como ventaja comparativa en el mercado externo.
Considerando que los procesos de privatización y fusión de los servicios públicos entre capitales nacionales e internacionales, que tradicionalmente estuvieron bajo el control de la propiedad estatal, han sido desarrollados en la mayoría de los países de la región, sin regulaciones que cautelen los Derechos Humanos, Económicos , Sociales y Culturales de los Pueblos, y no han aportado al desarrollo de nuestra región.
Considerando que la Doctrina Internacional de Derechos Humanos ha ligado indisolublemente los Derechos Civiles y Políticos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puestos estos últimos, en serio peligro por los procesos de privatización y transnacionalización de los Derechos Colectivos de los Pueblos y los Derechos de Propiedad Intelectual
Considerando que ninguno de los supuestos beneficios que la Organización Mundial de Comercio (OMC) previó que se producirían por la profundización de la liberalización comercial, desde el momento de su fundación en 1995, como el aumento cuantitativo y cualitativo en el acceso que los consumidores tendrían de bienes y servicios y el consecuente mejoramiento en su calidad de vida, crecimiento de la economía y profundización democrática. Que lejos de esto, nuestros países han experimentado un significativo deterioro del crecimiento del PIB, por lo que la región completa un "sexenio perdido" en tiempos de la OMC; un aumento de la vulnerabilidad y dependencia de nuestras economías de los mercados especulativos internacionales.
Reafirmamos nuestro rechazo a las políticas neoliberales dictadas por Organismos multilaterales regidos por los principios de la OMC, sin legitimidad recurrible dentro del Derecho Internacional de Naciones Unidas, que han sido impuestas en el Cono Sur y la Región Andina y que han significado aumento del desempleo, empobrecimiento, flexibilización e inestabilidad laboral, violaciones a los derechos humanos, y derechos colectivos de los pueblos, vulnerando en forma coercitiva los derechos de los pueblos originarios y comunitarios tradicionales.
Ratificamos que es necesario considerar los monopolios de los recursos naturales y la explotación de los recursos naturales como servicios que los Estados no pueden enajenar bajo ninguna forma, ya que constituyen patrimonio social colectivo y son bienes comunes.
Hacemos énfasis en que las políticas de privatización y transnacionalización de los servicios, recursos naturales, sociales y culturales y la ausencia de políticas públicas tendientes a cautelar el rol regulador del Estado y la comunidad, sólo pueden traducirse en una pérdida efectiva de posibilidades para el desarrollo de nuestros pueblos.
Corroboramos que la experiencia de los últimos ocho años, desde la ronda de Uruguay que diera nacimiento a la OMC, sólo se han traducido en pobreza y mayores desigualdades sociales y de género para nuestra región.
Estimamos como ciudadanos y ciudadanas, imprescindible la existencia de un sistema multilateral de administración del Comercio Internacional, cuyo centro esté constituido por las necesidades básicas de las personas y la humanidad toda. Los acuerdos multilaterales deben servir para superar los problemas más urgentes que enfrentan nuestras sociedades y para sentar las bases que posibiliten un desarrollo equitativo sustentable de la región.
Asimismo, reafirmamos que las reglas del sistema de comercio internacional deben existir para posibilitar el control y regulación de la grandes corporaciones y no para limitar las capacidades de los Estados.
Rechazamos la decisión de los países desarrollados que en vez de avanzar en la "Ronda del Desarrollo", concentran sus esfuerzos en tratar de incorporar los llamados "nuevos temas", especialmente los relativos a inversión y compras gubernamentales. Nos parece inaceptable avanzar en estos temas, mientras pierden relevancia otros tan vitales para nuestro desarrollo como trato especial y diferenciado, obligatorio a los países en desarrollo; fin de los subsidios de los países desarrollados; y desmantelamiento de las normas de fiscalización y protección que daban estabilidad y seguridad a nuestros ciudadanos, .
Confiamos en las capacidades de la sociedad civil para exigir y demandar el cumplimiento de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, así como para exigir la participación en las negociaciones de futuros Acuerdos de Libre Comercio.
Considerando que en el caso de las relaciones con la Unión Europea, pese a que los acuerdos marco integran dimensiones políticas y sociales, como es la cooperación, el diálogo político y las cláusulas democráticas y sociales, los aspectos mercantiles han sido los predominantes.
Considerando que en nuestros países, la presencia económica, comercial y financiera de los países europeos y de Estados Unidos ha avanzado en el último año con la firma y proyección de nuevos Tratados de Libre Comercio.
Considerando la inclusión en las negociaciones comerciales de incorporar a los servicios públicos en un área de negocios internacionales; los anuncios de nuevas desregulaciones para educación, salud, empleo y seguridad social de hombres y mujeres; la explotación no sustentable del medio ambiente y los recursos naturales - en particular minería, pesca, agricultura y bosques - son utilizados como ventaja comparativa en el mercado externo.
Considerando que los procesos de privatización y fusión de los servicios públicos entre capitales nacionales e internacionales, que tradicionalmente estuvieron bajo el control de la propiedad estatal, han sido desarrollados en la mayoría de los países de la región, sin regulaciones que cautelen los Derechos Humanos, Económicos , Sociales y Culturales de los Pueblos, y no han aportado al desarrollo de nuestra región.
Considerando que la Doctrina Internacional de Derechos Humanos ha ligado indisolublemente los Derechos Civiles y Políticos a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puestos estos últimos, en serio peligro por los procesos de privatización y transnacionalización de los Derechos Colectivos de los Pueblos y los Derechos de Propiedad Intelectual
Considerando que ninguno de los supuestos beneficios que la Organización Mundial de Comercio (OMC) previó que se producirían por la profundización de la liberalización comercial, desde el momento de su fundación en 1995, como el aumento cuantitativo y cualitativo en el acceso que los consumidores tendrían de bienes y servicios y el consecuente mejoramiento en su calidad de vida, crecimiento de la economía y profundización democrática. Que lejos de esto, nuestros países han experimentado un significativo deterioro del crecimiento del PIB, por lo que la región completa un "sexenio perdido" en tiempos de la OMC; un aumento de la vulnerabilidad y dependencia de nuestras economías de los mercados especulativos internacionales.
Reafirmamos nuestro rechazo a las políticas neoliberales dictadas por Organismos multilaterales regidos por los principios de la OMC, sin legitimidad recurrible dentro del Derecho Internacional de Naciones Unidas, que han sido impuestas en el Cono Sur y la Región Andina y que han significado aumento del desempleo, empobrecimiento, flexibilización e inestabilidad laboral, violaciones a los derechos humanos, y derechos colectivos de los pueblos, vulnerando en forma coercitiva los derechos de los pueblos originarios y comunitarios tradicionales.
Ratificamos que es necesario considerar los monopolios de los recursos naturales y la explotación de los recursos naturales como servicios que los Estados no pueden enajenar bajo ninguna forma, ya que constituyen patrimonio social colectivo y son bienes comunes.
Hacemos énfasis en que las políticas de privatización y transnacionalización de los servicios, recursos naturales, sociales y culturales y la ausencia de políticas públicas tendientes a cautelar el rol regulador del Estado y la comunidad, sólo pueden traducirse en una pérdida efectiva de posibilidades para el desarrollo de nuestros pueblos.
Corroboramos que la experiencia de los últimos ocho años, desde la ronda de Uruguay que diera nacimiento a la OMC, sólo se han traducido en pobreza y mayores desigualdades sociales y de género para nuestra región.
Estimamos como ciudadanos y ciudadanas, imprescindible la existencia de un sistema multilateral de administración del Comercio Internacional, cuyo centro esté constituido por las necesidades básicas de las personas y la humanidad toda. Los acuerdos multilaterales deben servir para superar los problemas más urgentes que enfrentan nuestras sociedades y para sentar las bases que posibiliten un desarrollo equitativo sustentable de la región.
Asimismo, reafirmamos que las reglas del sistema de comercio internacional deben existir para posibilitar el control y regulación de la grandes corporaciones y no para limitar las capacidades de los Estados.
Rechazamos la decisión de los países desarrollados que en vez de avanzar en la "Ronda del Desarrollo", concentran sus esfuerzos en tratar de incorporar los llamados "nuevos temas", especialmente los relativos a inversión y compras gubernamentales. Nos parece inaceptable avanzar en estos temas, mientras pierden relevancia otros tan vitales para nuestro desarrollo como trato especial y diferenciado, obligatorio a los países en desarrollo; fin de los subsidios de los países desarrollados; y desmantelamiento de las normas de fiscalización y protección que daban estabilidad y seguridad a nuestros ciudadanos, .
Confiamos en las capacidades de la sociedad civil para exigir y demandar el cumplimiento de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, así como para exigir la participación en las negociaciones de futuros Acuerdos de Libre Comercio.
